Un reciente estudio realizado por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa revela conclusiones preocupantes sobre la inseguridad ciudadana en la vida cotidiana de los arequipeños.
Según la investigación, tres de cada diez ciudadanos fueron víctimas de algún acto delictivo bajo diversas modalidades durante el año 2025. Lo más alarmante es que, en comparación con 2024, la tendencia muestra un incremento de seis puntos porcentuales, evidenciando un deterioro significativo de las condiciones de seguridad.
Entre las modalidades delictivas más frecuentes se encuentran los robos en el transporte público, los robos al paso en la vía pública y los hurtos a viviendas. Estos resultados no hacen sino debilitar la imagen que la ciudadanía tiene del Estado —representado por la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos locales— como garante de su protección y seguridad.
De manera preliminar, los datos permiten esbozar un mapa de las “zonas rojas”. Encabeza la lista el distrito de Cerro Colorado, con el 16,60 % de los casos reportados; le sigue Paucarpata, con el 14,98 %; y José Luis Bustamante y Rivero, con el 10,12 %, superando incluso al Cercado de Arequipa.
Sin embargo, quizá el aspecto más preocupante de este panorama sea el bajo nivel de denuncias presentadas por las víctimas ante las autoridades, por la desconfianza que inspira la autoridad policial. Apenas 3 de 10 agraviados acuden a una dependencia policial para registrar una denuncia. En muchos casos, este trámite se realiza únicamente con fines administrativos, como la obtención de duplicados de documentos o tarjetas bancarias, y no con el propósito de impulsar la identificación y sanción de los responsables.
De acuerdo con cifras del INEI, la confianza de los peruanos en la Policía Nacional del Perú ha descendido a niveles históricamente bajos, alcanzando apenas el 14,2 %. Si a ello se suma que durante el último año alrededor de 1,000 efectivos policiales en actividad fueron detenidos por diversos delitos, el panorama resulta aún más ensombrecedor.
Según el exdirector general de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, una de las principales causas de la alta desaprobación institucional radica precisamente en las denuncias y detenciones que involucran a miembros de la propia entidad. Así, esta problemática se ve agravada por vacíos en la legislación vigente, la cual, resulta excesivamente garantista y demasiado benevolente con los delincuentes, independientemente de su nacionalidad.
Mientras tanto el Serenazgo de las municipalidades distritales también comparten una cuota de responsabilidad. Entre las principales deficiencias destacan la insuficiente capacitación de su personal y la limitada disponibilidad de recursos logísticos para prevenir y combatir el delito, tales como reducido número de efectivos Serenos, escaso número de camionetas patrulleras, y ausencia de equipos de vigilancia y sistemas de videoseguridad.
Estas cifras no deben ser tomadas como motivo de burla ni como instrumento de revancha política, especialmente en un contexto marcado por recientes resultados electorales que ha polarizado a los peruanos. Por el contrario, deben servir como una llamada de atención para fortalecer los mecanismos de control ciudadano, la fiscalización pública y la participación activa de una sociedad civil organizada en la búsqueda de soluciones efectivas a este grave problema.
(Continuará).
Foto: Encuentro
