Entre agosto y diciembre de 2025, el Campo Ferial Cerro Juli fue escenario de diversos eventos masivos y conciertos que generaron ingresos millonarios para organizadores privados, mientras que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) recibió montos mínimos por el alquiler del recinto. Solo el concierto de Morat, realizado el 5 de diciembre y con asistencia estimada de hasta 20 mil personas, pudo generar más de S/ 3 millones en taquilla, pero dejó al GRA apenas S/ 50 mil.
Un caso similar ocurrió con el concierto de Airbag, cuya recaudación pudo superar S/ 1.6 millones, mientras la región recibió cerca de S/ 15,450. Un informe del Consejo Regional advierte que, entre septiembre y diciembre de 2025, se realizaron al menos ocho eventos en Cerro Juli, de los cuales cinco generaron solo S/ 75 mil en contraprestación.
Cuestionada empresaria busca presidir la Cámara de Comercio de Arequipa.
Investigaciones fiscales y denuncias por presuntas irregularidades en la Feria Arequipa 2025 marcan el contexto de su postulación a la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
La empresaria Nitza Huaco oficializó su postulación a la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) en un momento en que su nombre aparece asociado al cuestionado manejo del Campo Ferial Cerro Juli por la Feria Arequipa 2025. La candidatura irrumpe con una carga política evidente: busca dirigir el principal gremio empresarial de la región mientras persisten investigaciones y denuncias que apuntan a una cadena de decisiones, convenios y “deslindes” que hasta hoy no despejan dudas.
La polémica no es menor. El centro del caso es un convenio firmado el 27 de marzo de 2025, que habría servido como base para mover un activo público estratégico hacia un esquema de gestión cuestionado. Documentos y reportes difundidos señalan que el convenio con el Midagri era de carácter declarativo y no otorgaba facultades de administración ni disposición sobre el predio. Aun así, Cerro Juli terminó operando como si existiera carta blanca para entregarlo a terceros.
Lo más sensible es que el campo ferial habría acabado en manos de Bespouk Entertainment SAC, una empresa creada el 19 de mayo de 2025 con S/ 3 mil de capital y sin trayectoria visible en eventos masivos, pero que igual explotó comercialmente el recinto. En el mercado se habla de ingresos millonarios por stands, conciertos y actividades. La pregunta que el empresariado y la ciudadanía siguen esperando que alguien responda con claridad es una sola: ¿quién autorizó realmente y bajo qué sustento?
El tema se agravó cuando un informe del Midagri —emitido a solicitud del consejero regional César Huamantuma— indicó que el ministerio no adjudicó ni contrató a Bespouk y que no tiene documentos que vinculen a esa empresa con decisiones formales del sector. En otras palabras, el argumento repetido durante meses —“lo hizo el ministerio”— queda seriamente debilitado por una respuesta oficial que apunta en sentido contrario.
En paralelo, la investigación regional puso la lupa sobre un convenio entre la CCIA y el Fondo de Desarrollo Regional (FDR), bajo señalamientos de falta de personería jurídica válida para asumir gestión de un bien del Estado. La controversia crece porque quien firmó por la CCIA fue el entonces presidente Julio Cáceres Arce, y se ha cuestionado que la “cesión” se diera en un circuito de poder donde las responsabilidades se diluyen, pero las decisiones se ejecutan.
En ese tablero aparece Nitza Huaco. Ella admite haber sido coordinadora de los convenios vinculados a Cerro Juli por su rol en el Comité de Servicios. También sostiene que entregó la documentación al gerente de la Cámara y que no firmó contratos ni adjudicó stands. Sin embargo, su nombre queda atado al proceso en el punto más incómodo: la coordinación y el seguimiento de acuerdos que desembocaron en un negocio privado sobre un activo público, sin un beneficio económico transparente para Arequipa.
Lejos de reducir la tensión, las versiones se contradicen. La actual directiva de la CCIA ha asegurado que desconoce el convenio con el FDR y que no existe sustento interno que lo avale, además de confirmar una denuncia en Fiscalía. Mientras tanto, Huaco continúa en campaña, como si el caso fuese un “ruido externo” y no un golpe directo a la credibilidad institucional del gremio que pretende presidir.
El Consejo Regional, a través de su comisión investigadora, ha advertido que podrían configurarse delitos graves como colusión, peculado, omisión de funciones o usurpación de funciones, mientras se exploran vínculos y posibles conflictos de interés. En este escenario, la candidatura de Nitza Huaco a la presidencia de la CCIA se desarrolla bajo una sombra de dudas sobre la transparencia en la gestión de Cerro Juli, el gremio empresarial enfrenta el reto de elegir a su próxima dirigencia en medio de uno de los mayores escándalos recientes vinculados al manejo de bienes públicos en la región.
Fuente: Diario Evidencia.
