La Superintendencia Nacional de Migraciones acaba de suscribir un acta de compromiso con los principales gremios hoteleros del país, con el objetivo de “reforzar la seguridad nacional, el orden interno y la atención eficiente al usuario” (sic).
Dos importantes gremios nacionales, que agrupan a más de 2,000 asociados de hoteles de tres o más estrellas, son los representados.
Como se sabe, desde finales de 2024 rige en el Perú el Decreto Supremo N.º 011-2024-IN, que obliga a todos los hospedajes a solicitar pasaporte o documento válido al extranjero, verificar su identidad y situación migratoria, y registrar sus datos en una plataforma de Migraciones antes de alojarlo.
Según el máximo representante de la entidad estatal: “Esta es una señal clara y firme de que la seguridad, el orden interno y el respeto de las leyes no son negociables” (sic).
Hasta allí, todo bien. Por supuesto, el papel y el internet soportan todo; pero la otra cara de la moneda es la cruda realidad que se observa en las calles y fronteras.
Nadie puede negar, en principio, las buenas intenciones con las que la entidad estatal —junto con los dos gremios mencionados— pretende empedrar el camino. La primera busca poner el orden en casa; el segundo, concientizar a sus socios internamente.
Sin embargo, ambas partes olvidan —accidental o intencionalmente— la existencia de establecimientos informales: hoteles “al paso”, de parejas o como quiera llamárseles, que, gracias a la inacción de las municipalidades, se reproducen como hongos alrededor de terminales terrestres o zonas comerciales. Estos lugares vulneran la legislación sobre registro migratorio, identidad, seguridad ciudadana, obligaciones tributarias y laborales, defensa civil y sanidad y en muchos casos son el foco de lacras como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, tráfico ilícito de drogas, alcoholismo y refugios de personas de mal vivir. Evidentemente, no están afiliados a estos importantes gremios y su número, en el Perú, incluso quintuplica al de sus asociados.
A ello se suman los departamentos de alquiler tipo Airbnb, que eluden al fisco y se burlan abiertamente de las autoridades y de toda la normativa antes mencionada.
¿Acaso cree el jefe de Migraciones que bandas como “El Tren de Aragua”, los secuaces del “Monstruo”, “Los Pulpos” o “Los Injertos de San Juan de Lurigancho” contratarán agencias de viaje y se alojarán en hoteles de tres estrellas o más, identificándose con pasaportes, para establecer allí sus centros de operaciones?
Lo que se requiere son acciones que ataquen el problema desde la raíz: organizar operativos contundentes contra las mafias enquistadas en los propios puestos de Migraciones, que han convertido a la institución en una coladera en las fronteras, y modificar drásticamente la legislación para evitar que las municipalidades fomenten la informalidad en abierto desafío al reglamento de Clase y Categoría para los establecimientos de hospedaje (Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR).
De lo contrario, continuará el acoso contra la empresa formal, mientras se mantiene la ilusión —como la del silvestre candidato Belmont— de que la delincuencia se combate no con bala ni cárcel, sino “abrazando y dando amor para cambiar su espíritu”.
