Escribe: Armando Espino Moscoso. Empresario Hotelero.
Si bien hoy la noticia es la cancelación de vuelos, el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón atraviesa su momento más crítico desde el inicio de la concesión en 2011. Una disputa legal entre Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) y el Estado Peruano está haciendo pagar las consecuencias al sector turismo y la economía local: un terminal saturado y una conectividad limitada.
Aeropuertos Andinos sostiene que las condiciones de la concesión firmada el 2011, han cambiado. Que el crecimiento exponencial (2.3 millones anuales en 2024) ha superado las previsiones de inversiones por demanda a los que se comprometió. Que los compromisos de obras se han retrazado por el retraso de entrega de terrenos saneados. Y sin estas obras pues no puede cumplir con las Certificaciones de Operación que son su obligación lograr. Plantea que esta nueva realidad requiere la modernización integral del terminal con una inversión de $400 millones de dólares. La que proponen realizar siempre que se apruebe una adenda que les amplíe la concesión por 40 años luego que el 2036 concluya la actual.
El Ministerio de Transportes considera que el concesionario debe continuar cumpliendo con sus obligaciones contractuales y para ello solo ha dado luz verde a un proyecto de optimización de $23 millones de dólares que evalúa es lo que legalmente corresponde bajo el marco actual del contrato.
Esto ha llevado a AAP a amenazar al Estado con un arbitraje ante el CIADI arguyendo que al no aceptarse la nueva inversión, se limita el que pueda cumplir el contrato actual. Lo que usa como presión para sentarse a discutir la Adenda propuesta
Si el arbitraje se iniciara, congelaría toda obra por unos 3 a 5 años. Ninguna ampliación de capacidad, recibir nuevos vuelos internacionales de gran escala, ni mejorar sustancialmente la experiencia del pasajero. Sería un «freno de mano» para el turismo regional.
La Cámara de Comercio ha liderado junto con algunos gremios (AVIT) una posición de rechazo categórico a esta extensión en las condiciones propuestas. Plantean como argumentos :
Incumplimiento de expectativas: En 15 años de concesión, las mejoras no han sido proporcionales al crecimiento de la demanda y los ingresos que ha recibido el concesionario. Algunas obras como el asfaltado de pista, estan en debate en cuanto a costo y calidad Lo que crea desconfianza en cuanto a si se cumplirían las inversiones propuestas.
Falta de transparencia: Se exige que cualquier ampliación contractual sea discutida públicamente y con compromisos de inversión auditables y con plazos fijos.
Para las agencias de viajes, los hoteleros y operadores turísticos, el aeropuerto es un insumo básico. Si el conflicto escala al arbitraje, perdemos todos. Si se firma una adenda sin garantías, corremos el riesgo de quedarnos con un terminal que prioriza el área comercial sobre la operatividad aeronáutica.
Por ello esperamos que la presión de la comunidad organizada permita que una mesa técnica donde el MTC, Ositran y la Concesionaria permita lleguen a un acuerdo en el corto plazo, que garantice la ampliación inmediata del terminal. Que si se requiere adendas, estas no hipotequen el futuro de la infraestructura regional por casi medio siglo sin garantías reales de modernización. Ya hoy estamos sufriendo las consecuencias de un pésimo contrato de concesión. ¿Habremos aprendido algo?
