En lo que va del año en el país se han registrado más de 1,800 alertas de incendios, y por lo menos 2,500 incendios forestales, siendo las regiones más afectadas en la Amazonía y la sierra andina, como Cusco, Apurímac y Ucayali Áncash, Huánuco, Ucayali, Cajamarca, zonas altas de Arequipa como Caylloma y totorales en Puno; dicen los especialistas que éstos incendios se deben al cambio climático y la sequía extrema, pero es un secreto a voces que se trataría de la mano del hombre.
En La Libertad y Cusco, por ejemplo, más de 608 hectáreas de cultivos y 280 hectáreas de pastos naturales, respectivamente, se perdieron debido a los incendios, afectando principalmente zonas rurales y agrícolas que dependen de estas tierras para subsistir, afectando no solo la biodiversidad de los ecosistemas, sino también los medios de vida de las comunidades rurales, que dependen de la agricultura para su subsistencia.
Muchos incendios en la región sur, incluidos los de Apurímac y Puno, están relacionados con la quema de rastrojos y pajonales, una práctica común que se ha salido de control debido a condiciones climáticas adversas como sequías prolongadas y vientos fuertes.
El impacto de estos desastres es considerable, Las consecuencias son más graves por ejemplo los “ríos voladores” de la Amazonía, que normalmente transportan humedad a otras regiones del continente, ahora también están transportando partículas de humo.
La mala “práctica común” del hombre sigue impune, y pese a existir normatividad como: la Ley de Delitos Ambientales (Ley N.º 28611), el Código Penal Peruano (Artículo 310), la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N.º 29763) y el Reglamento de Prevención y Control de Incendios Forestales Implementado por SERFOR, y que todas establecen sanciones a quienes provoquen daños al medio ambiente é incendios forestales, se hace materialmente imposible atrapar a éstos debido a la difícil accesibilidad que tienen las fuerzas del orden a los terrenos en incendio, asimismo la falta de recursos y personal especializado, y sobre todo la vigencia aún de prácticas agrícolas tradicionales es decir muchos incendios forestales que son iniciados de forma no intencional por campesinos que practican la quema agrícola y que literalmente se les escapa de las manos, por ello se hace inmanejable poder reunir pruebas siendo la identificación de los responsables un desafío debido a la falta de testigos, huellas o evidencia concreta que vincule a una persona con el inicio del incendio.
Los delitos ambientales, en general, tienden a tener un seguimiento legal más débil, y esto se refleja en la baja tasa de enjuiciamientos y si a ello agregamos la descoordinación entre autoridades careciendo de planes integrados y la escasa coordinación entre diferentes instituciones (municipios, cuerpos de bomberos y la policía) terminamos por repintar la versión chola de “La Divina Comedia”. (continuará).
