Un inseguro Ministro del Interior anunciaba el debate para hoy ayer martes 06 de febrero, la propuesta para declarar la seguridad ciudadana de Arequipa en condición de “Emergencia” (DESC), a la par, muchos alcaldes distritales principales propulsores de ésta declaración, se frotaban las manos no tanto por tener sus jurisdicciones más tranquilas para el paseo de sus habitantes, sino por las razones que más adelante comentaremos.
SE DESINFLÓ.
El globo de la propuesta de DESC se fue desinflando poco a poco, empezó a perder aire desde los magros resultados con los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, así como el distrito de Sullana en la región Piura, donde siguen campeando las bandas organizadas y escaperos al paso, con ésta experiencia ¿por qué repetir el mismo ensayo en Arequipa? La “amenaza” de la DESC prendió las alarmas del sector privado, así el gremio que reúne a empresarios hoteleros y de restaurantes pegó un grito al cielo por el riesgo que se corre en espantar a cuanto turista de cualquier origen ose visitar la ciudad blanca y verla convertida en una ciudad policial, según el gremio hotelero simplemente la propuesta no tenía ni pies ni cabeza para su aplicación. Literalmente, si algunas embajadas de la Comunidad Económica Europa ya habían advertido a sus súbditos con visitar la meca del turismo peruano por la peligrosidad de las marchas de protesta del BTC en MachuPicchu, la declaratoria de parte del circuito Nasca-Colca-Machu Picchu-Titicaca terminaría con sepultar el turismo.
EN ARCA ABIERTA…
Algunos alcaldes aplaudían el anuncio de la DESC por abrir las arcas del Estado de par en par, y es que en casos de contrataciones la ley les permite “suplir de manera inmediata las necesidades de bienes, obras o servicios, sin llevar a cabo un procedimiento de contratación convencional”. Es fácil deducir que bajo el paraguas de la legalidad, se acentuarían las compras de bienes y servicios sin ninguna fiscalización ni criterio racional.
La función de la representación congresal es vital para impulsar reformas legislativas orientadas a dotar de instrumentos legales a las FFPP para reprimir actos delincuenciales, profesionalizando a la Policía, reformar el Código Penal para endurecer las faltas y penas y fiscalizar la conducta del juzgador, entre otros.
