CANDELARIA 2018 CON DIABLOS Y DIABLURAS.- ALCALDE PRESO Y RUTA CAMBIADA.

puno 26/08/2017

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La noticia que despertó a los puneños hoy fué indudablemente el traslado a la carceleta judicial del actual Alcalde Provincial de Puno Ivan Flores como consecuencia de habérsele dictado prisión preventiva por el término de 18 meses.

Los hechos materia de investigación se originaron en el año 2015 cuando se destaparon turbios manejos entre el despacho del Alcalde Iván Flores y la Empresa Backus & Johnston para el auspicio de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, fiesta que significa un millonario movimiento económico en la región y que habría despertado pasiones non sanctas entre los intervinientes.

El juez Youl Riveros Salazar del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, emite la resolución respecto al pedido de prisión preventiva plateado por la Fiscalía Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, contra el alcalde de Puno, Iván Flores Quispe y otros coimputados.

En la lectura de dicho documento, el magistrado dijo que la defensa del alcalde sustentó que el fiscal Jorge Astorga no tífico adecuadamente el tipo de delito que habrían cometido los acusados producto de la donación de 100 mil soles por parte de la empresa Backus para algunas actividades de la Festividad Virgen de la #Candelaria 2015. Al parecer, según los medios probatorios y hechos expuestos el delito de colusión agravada no califica para este caso en particular (sustentación de la defensa).

“En este caso en particular, efectivamente se ha continuado con la investigación preparatoria tal como se hizo conocer al juzgado, se presentó el 22 de marzo del año 2017 y en dicha exposición, en el punto tercero se indica que se pedirá la prisión preventiva, ante ello esto juzgado dice que el sistema procesal actual hace verificar decretos que se emiten. Se emitió el decreto número 01 el 24 de marzo, en la cual se ha recibido la formalización de la continuación de la investigación preparatoria. Este decreto no fue observado por ninguna de las partes”, refirió.

Más adelante esbozó que aún se tiene que determinar la situación jurídica de los procesados. Dijo que el juzgado se va a pronunciar en lo que considera pertinente respecto a la tipificación de los delitos que habrían cometido los imputados, se basara en lo que el Ministerio Publico en concreto está presentando, en la investigación preparatoria y no sobre otros supuestos.

Ante los argumentos expuestos en esta audiencia, el Juez Riveros Salazar manifestó que el juzgado que preside, define que el tipo penal de colusión exige una restricción que el sujeto público se encuentre autorizado para firmar contratos en general en los actos jurídicos patrimoniales que interesan a la administración pública.

En este caso, adicionalmente considera el juzgado que se aplica el principio de ofensividad, considera que tiene estrecha relación con la postura asumida por el Ministerio Público, si se habría realizado operación cometidas por entidades del Estado (convenio Backus – municipio), si se considera de contenido penal los hechos expuestos por la fiscalía, bajo ese contexto si hay contenido de carácter penal a los hechos expuesto por la parte acusatoria.

Bajo todo ello, se tiene que analizar las vinculaciones de los procesados, también se tiene que tener las consideraciones siguientes; la conducta del funcionario y la existencia de un acuerdo clandestino por los imputados.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: El oficio 040-2016 firmado por Willy Gomes Apaza (administrador del municipio), se tiene en cuenta que no existe registro de ingreso monetario tras la firma del convenio, según informe de la oficina de Patrimonio hay 350 enfiladeros en el mercado Huajsapata. No obstante, en el informe 1182-2016 de Logística, dice que no hay documentación que acredite el internamiento de los enfiladeros (bienes).

Sobre el internamiento de bienes producto del convenio, realizada la búsqueda de los archivos no se encuentran documentación alguna sobre el internamiento de los enfiladeros. Bajo ese contexto, preliminarmente para este juzgado, no se tiene el ingreso en forma concreta de estos bienes, independientemente de la pericia del Ministerio Público y de la defensa, estos objetos no formarían parte del patrimonio de la municipalidad provincial de Puno.

Ante esta tesis, seria innecesario hacer una pericia ya que objetivamente los bienes tras la firma del convenio no existen en el patrimonio de la municipalidad. Esto será materia de un recurso procesal, pero preliminarmente, este juzgado tiene muy claro este hecho. Si tiene contenido penal que se haya dispuesto un monto para proveer dinero para la compra de enfiladeros que no existen. ¿Dónde están?

Otro aspecto, respecto al monto de 10,800 soles, que fue ingresado a una cuenta de la señora Ynes Béjar Barriga, luego de un presunto préstamo hecho por ésta última. Yo no comparto esta teoría, estos dineros fueron a mérito de un convenio y si verificamos la adenda y el contrato, nos encontramos que Backus, por una cuestión de inferencia lógica, que si hay una transferencia onerosa con una finalidad de auspicio para la Festividad. Luego del análisis del Boucher y con la sustanciaron de la defensa, no causa convicción bajo ningún sustento que este dinero este en una cuenta particular, tiene contenido penal y se tiene que asumir las responsabilidades.

Este dinero no debió ir a un patrimonio privado cuando ya forma parte del patrimonio de la municipalidad. De igual manera, indicó que el contrato se firmó en Arequipa, por lo tanto, la adenda no debió suscribirse.

Más adelante, expuso que hay graves delitos de convicción contra el alcalde de Puno, Iván Flores Quispe, no guarda correlación entre la exposición de la defensa con los hechos cometidos en su momento. En el convenio con Backus no se tipifica el auspicio para actividades culturales, por lo tanto; ¿Dónde estuvo la función como primera autoridad política de Puno, de resguardar que estos bienes y servicios ingresen en forma expresa y concreta al patrimonio de la municipalidad?

Otro aspecto, es que en la misma declaración del alcalde, que la reunión en el hotel José Antonio, no hay claridad, puesto que Wilson Salamanca Anahua (regidor municipal), dijo que en fecha 01 de enero de 2015 asistió a una reunión abordándose el tema de la resolución de alcaldía para la organización de la Festividad Virgen de la Candelaria 2015, además Oscar Gallegos (asesor) dice que también asistió en la misma fecha para el mismo fin.

El juzgado no encuentra relación con relación a la declaración del alcalde que dijo que no sabía que se llevaría adelante en esta reunión, con lo que dijeron los antes señalados. “Llama la atención que acá habría una vinculación concreta con Ynes Béjar ya que ella habría efectuado los pagos correspondientes en dos momentos, conforme se ha indicado”.

El juez Youl Riveros Salazar, apuntó también que hay correos entre Ynes Béjar y el entonces presidente de la comisión especial de la Candelaria 2015, en la que no se encuentra lógica ya que un servicio de hospedaje por encima de los 4 mil soles, que se sufragó a favor del hotel José Antonio. ¿Porque tendría que hacerse un pago de recursos del Estado luego de la juramentación de la autoridad?

SOBRE EL DELITO DE COLUSIÓN: Indicó que la participación de Edgar Centeno Chavarría (exgerente general del municipio), habría habido una posible concertación con el alcalde en su calidad de gerente general. Pero dijo que hay solo dos elementos, por un tema de coordinación respecto al convenio con la empresa cervecera, entonces si lo vincula en un delito de colusión, ya que al parecer no supervisó que ingreso la donación a las arcas de la municipalidad.

Respecto a Ynes Béjar Barriga, dijo que ella habría prestado 10,800 soles a la municipalidad el 26 de enero, no obstante, aparece un contrato del 29 de febrero, pero en el año 2015, el 29 de febrero no existe, expreso que es la propia defensa de ésta última que ha presentado este elemento de convicción. Dijo que cual fue el motivo para que ella haga el préstamo para la festividad a una persona jurídica (la municipalidad), que a partir de ello se le desembolse un recurso público posterior. “Este juzgado no encuentra correlación sobre estos actuados”.

Algo que ha quedado claro es la actuación de Béjar Barriga, ello tras las declaraciones vertidas, el correo electrónico citado y otros, entonces se encuentra que hay vinculación de contenido penal. Hay pruebas contundentes de que ella ha participado activamente en el proceso materia del proceso de investigación preparatoria por el delito de colusión agravada.

PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA: Respecto a la participación de Carlos Rondón Vilca (funcionario de Backus) y Marco Antonio Loayza (contratista de Backus). Aseveró que hay las pruebas sufrientes que todos los imputados cometieron el delito expuesto por el Ministerio Publico, cuyas penas oscilan entre 06 a 12 años de pena privativa de libertad, según el artículo 269 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, si hay la concurrencia con relación al pedido de prisión preventiva.

Sobre el peligro de fuga y obstaculización al proceso de investigación, respecto a Iván Flores Quispe, el magistrado refirió que efectivamente se han presentado pruebas de arraigo, pero también se han analizado argumentos conexos y se encontró que hay peligro de fuga y también el alcalde obstaculizó el proceso de investigación. Dijo que la conducta del alcalde no fue idónea al proceso y que recién en la audiencia se acogió adecuadamente. Bajo todos los preceptos el juez dictó prisión preventiva

Sobre Edgar Centeno Chavarría (ex gerente) el juez no encontró indicios de peligro de fuga y que también tiene arraigo en la ciudad de Puno, entonces dicho personaje no podría eludir la acción de la justicia en su contra, “no hay elementos para un peligro de fuga, ponderando todos los presupuesto”. Sobre la acusada Ynes Béjar, el magistrado dijo que hay correlación de obstaculización en la investigación en este proceso y que también hay peligro de fuga.
En torno a la situación de Carlos Rondón Vilca (funcionario de Backus) y Marco Antonio Loayza (contratista de Backus), el titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, sostuvo que la caución que se está solicitando contra ellos no se toma en cuenta. Se impondrá algunas medidas restrictivas contra ellos sin perjudicar sus actividades laborales.

RESOLUCIÓN: El juzgado resolvió aceptar en parte el pedido de prisión preventiva contra el alcalde de Puno, Iván Flores Quispe; así mismo, se aplica esta misma sanción contra Ynes Béjar Barriga. Empero, sobre Edgar Centeno Chavarría no se aplica la prisión preventiva y que se someterá a una situación restrictiva. Cabe mencionar que la Fiscalía Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó 09 meses de prisión preventiva.

Texto: Cortesía Edgar Cutipa Q.

CAMBIO DE RUTA

Por otra parte, paralelamente se informó que el Pasacalle de Veneración en honor a la Festividad de la Virgen de la Candelaria para el año 2018 se realizará durante 02 días.

En efecto, paralelamente al proceso judicial que mantuvo en tensión a la población puneña, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno realizaba una Asamblea General en la que se tomaron las siguientes decisiones:

Primero: que la parada y veneración se realizara en (02) dos días (lunes 50% de los conjuntos y martes 50% de los conjuntos), de acuerdo al sorteo de orden de presentación que se realice el día viernes 20 de octubre del presente año.

Segundo: que la ruta para la veneración se realizara con las siguientes jirones y avenidas de la ciudad de puno: emplazamiento de los conjuntos (parque Ramón Castilla, jirón Carabaya y avenida Costanera) inicio de veneración (avenida Costanera con jirón Puerto) recorrido de la parada y veneración (avenida Costanera llegando hasta la jirón Lampa subiendo y doblando a la avenida La Torre subiendo por el jirón Pardo volteando por el jirón Arequipa subiendo el jirón Oquendo terminando en el jirón Lima con Lambayeque).

Hecho que viene originando múltiples comentarios en la población por las arbitrarias medidas adoptadas sin gozar del consenso de autoridades y entidades externas cuyo aporte habría servido para proponer medidas alternativas.

 

 

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