- Urge brindar garantías jurídicas para inversionistas
La región Arequipa se ha posicionado como el núcleo de la energía limpia para la industria del Perú y de la región. Las características de radiación solar de casi diez horas de duración en determinadas zonas, han despertado el interés de importantes empresas globales que han orientado significativas inversiones en el suelo sureño. En tal sentido, urge extender garantías jurídicas desde el Estado para su sostenibilidad.
En la puesta de valor de este recurso natural, la norma N° 31992 (23.03.2024) Ley de Fomento del Hidrógeno Verde, establece investigar, desarrollar, producir, transformar, transportar, comercializar, exportar y utilizar variadamente el hidrógeno verde como combustible y vector energético para mejorar la calidad de vida poblacional con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Toda una cadena.
Dicha norma apunta a satisfacer demandas nacionales e internacionales y tiene al Ministerio de Energía y Minas como principal sector responsable de parte del Estado en alianza con el sector privado y en línea con las políticas del Ministerio de la Producción (Produce), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio del Ambiente (Minam) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Este sistema multisectorial convierte al recurso del hidrógeno verde en un elemento estratégico para el desarrollo nacional y obliga al Estado a promover su viabilidad. No obstante, en Arequipa sucede un caso sui géneris que atenta contra las inversiones.
El caso SIGNUS
Una propiedad privada reconocida por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia del año 2012 donde deja sin efecto la inscripción de AUTODEMA (Gobierno regional de Arequipa) en la Ficha Nº 22010, Partida Nº 04002051, en la parte que se superpone con la inscripción de la finca “Pájaro Bobo”, hasta la fecha no se cumple ni tampoco la Resolución aclaratoria (23.05.2013) del TC que establece que la cancelación de la partida de AUTODEMA la debe realizar los Registros Públicos.
Luego de una serie de procedimientos, SIGNUS ha defendido su derecho a la propiedad en el marco de la ley hasta que su expediente llegó a manos del juez Mijaíl Rocha Condori quien expidió la Resolución N° 116 del 08 de junio, 2022, declarando Nulidad de todo lo actuado. Inversiones Signus SAC interpuso una nueva Apelación por Salto al T.C. (amparado en el art. 22 del Nuevo Código Procesal Constitucional). El TC declaró Fundada la Apelación por Salto. Y dispuso la continuación de la ejecución de sentencia lo cual debe cumplirse.
Genera sorpresa que desde los ámbitos del gobierno regional se anuncien públicamente proyectos -incluso con participación extranjera- sobre una jurisdicción privada -a todas luces vulnerada en sus derechos- la misma que está reconocida por el máximo órgano constitucional autónomo encargado de garantizar la supremacía y tutela de los derechos fundamentales, como el de propiedad, en el Perú.
