No aludo con este título al honesto sindicato de trabajadores, en cuyo seno se infiltra a veces una mafia de comerciantes de puestos que acechan a constructores de edificios; antecesores de los gota-a-gota.
Los de “Destrucción Civil” son peores y no actúan registrados en planillas fantasmas o en marchas agitando paros y bloqueos de calles, más bien, al igual que el moho, carcomen de día y de noche la piedra labrada, la hermosa madera tallada, y esperan la noche lóbrega o la elevación de vapores de bebidas espirituosas y hedor de su hierba para dar rienda suelta a sus subterráneas pasiones y frustraciones: burlarse o extinguir rezagos de la herencia cultural de cientos de años. Su graffiti, golpe con comba o con cualquier objeto más duro que su raciocinio, pretende imponerse al legado histórico. Ya lo hemos visto innumerables veces en las enhiestas piezas de arte en Cusco, en templetes ceremoniales de Pucará en Puno y muy frecuentemente en el Centro Histórico de Arequipa, el caso más triste acaecido en el parque Grau con 2 esculturas de leones de piedra.
Lo peor es que esa tendencia parece ser incontenible por parte de la institucionalidad a pesar de existir sábanas extensas de leyes como: la Ley 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que “Obliga a los propietarios o poseedores a adoptar medidas para salvaguardar la integridad de los bienes muebles”, y que como en muchas otras, adviertan que “la comisión de atentados contra yacimientos arqueológicos, hacer pintas sobre ruinas prehispánicas, destruir, alterar ó extraer bienes culturales” puede acarrear a la pena privativa de la libertad entre 3 y 8 años, y muchos “días-multa”, a la fecha solo nos queda el triste papel de espectar cómo el infractor (si es que es identificado) ventila su libertad a las pocas horas de ser capturado, desfachatadamente, en miras a una posible reincidencia.
Y es que, como en el caso de los anónimos incendiarios de bosques o sembrado de basura en la carretera Arequipa-Puno, por más frases líricas y ceños fruncidos del funcionario público, de nada servirá si no se adoptan políticas para implementar la persecución, identificación o labores de prevención con unidades móviles, adaptación de tecnología moderna, distribución racional y estratégica de personal y sanciones drásticas a los infractores.
Por ello es necesario reformar la legislación para hacer de la pena aplicada el mejor escarmiento; de lo contrario, todos los actos antisociales previsibles serán tomados deportivamente. La Gerencia del Centro Histórico de Arequipa no puede darse el lujo de tomar el reciente hecho como algo anecdótico, recuérdese que Arequipa está prácticamente en el limbo para que la UNESCO, en algo menos de 8 meses, revise si la autoridad municipal cumplió con regularizar el largo listado de observaciones y, si comprueba que la destrucción civil contra el patrimonio ha ganado terreno, no le temblará la mano para recoger el diploma de Patrimonio Cultural de la Humanidad, para vergüenza de todos los arequipeños.
